Hoy llevó a cabo la audiencia del proceso judicial contra cuatro personas de la comunidad garífuna de Guadalupe, Municipio de Santa Fe. Ellas están acusadas por el delito de usurpación de tierras en manos de la Empresa CARIVIDA, de origen y capital canadiense. La comunidad de Guadalupe hizo acto de presencia en las afueras del Tribunal en apoyo a sus dirigentes.
Texto proporcionado Por: Programa de Derechos Humanos
Fundación San Alonso Rodríguez Trujillo, Colón 14 de junio de 2017.- La Empresa CARIVIDA acusa a los cuatro dirigentes de ser responsables de ocupar tierras que son de su propiedad. En realidad, la comunidad de Guadalupe defiende un derecho humano, las tierras que la transnacional se adjudica, están protegidas como derecho ancestral por el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT a favor de las comunidades garífunas. Además, cuentan con títulos otorgados por el Instituto Nacional Agrario como propiedad colectiva a favor de las comunidades. Son tierras que no pueden ser transferidas bajo ninguna forma a personas o empresas ajenas a la población garífuna.
El gobierno central y Municipal de Santa Fe, ha permitido que la empresa CARIVIDA realice inversiones en el territorio ancestral poniendo en evidencia una actitud de complicidad con esta violación al derecho de las comunidades en sintonía con el gran proyecto del gobierno nacional de construir una Zona Especial de Desarrollo Económico en el área de los municipios de Santa Fe y Trujillo.
Durante la audiencia han sido evidentes las maniobras de siempre en la manipulación y utilización que los empresarios hacen de los empobrecidos. Frente al juzgado donde se lleva a cabo la audiencia, están dos grupos. El primero en solidaridad con sus compañeros imputados y acusados, convocados por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) que tienen legítimo derecho a sus tierras. Un segundo grupo apoyaba a los extranjeros
El segundo grupo integrado por garífunas y ladinos ha sido traído por la empresa CARIVIDA para argumentar apoyo al proyecto de privatización de las tierras comunales. El mismo gerente propietario de la empresa, Patrick Foresth, personalmente entrega alimentos, refrescos y churros al grupo que se supone le apoya. ¿Qué pasa en un país donde un extranjero puede manipular y jugar tanto con el hambre del pueblo? ¿Acaso también la dignidad es una mercancía que puede adquirir por unos cuantos lempiras? Eso solo es posible en un país donde el gobierno lo permite o impulsa directamente los proyectos que socaban las bases de la democracia, el derecho común y la paz entre las comunidades y las personas. El Gobierno está violando el Convenio 169, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que esta sobre la Constitución Nacional. Hay aquí, una violación a la Constitución de manera explícita y el gobierno nacional es responsable.
La defensa de los imputados Celso Guillen, Cosme Ávila, Geovanny Bernárdez y Medellín David, comunica que el Juez emite sobreseimiento provisional para tres de los imputados junto a una que ya goza de sobreseimiento en audiencia anterior.
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