Corte Interamericana determinó que se configuran los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, enmarcados en un contexto más amplio de violencia contra defensores de derechos humanos
San José, Costa Rica – 24 de octubre de 2025 – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una resolución el 15 de octubre de 2025, en la que requiere al Estado de Honduras adoptar de inmediato medidas provisionales para salvaguardar la vida, integridad personal y seguridad de Ana Mabel Ávila Robledo, líder de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y declarante en el caso contencioso que se tramita ante el Tribunal.
La decisión surge de una solicitud presentada por los representantes de las presuntas víctimas, ejercida por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes denunciaron amenazas, hostigamiento y posibles represalias contra Ávila Robledo tras su testimonio en la audiencia pública celebrada el 21 de mayo de 2025 en Guatemala.
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Según los hechos relatados, el 21 de junio de 2025, la líder garífuna fue interceptada por agentes de la Policía Nacional en la carretera entre Nueva Armenia y Jutiapa, en un incidente que involucró disparos, golpes y exposición a gas pimienta, pese a que ella se identificó como beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección. Los representantes vincularon estos eventos a su labor en defensa del territorio ancestral garífuna y a su participación en el proceso judicial.
Extrema gravedad
En su análisis, la Corte determinó que se configuran los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, enmarcados en un contexto más amplio de violencia contra defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquellos pertenecientes a comunidades garífunas e indígenas.
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El Tribunal tomó nota de las medidas de protección existentes, como la asignación de una escolta militar, pero destacó deficiencias en su implementación efectiva, incluyendo la ausencia de los escoltas durante el incidente de junio. Por ello, ordenó al Estado fortalecer y ejecutar los acuerdos alcanzados en una reunión del 11 de julio de 2025, incorporando enfoques diferenciados de género y etnicidad, y continuar las investigaciones sobre los hechos denunciados.
Honduras debe informar a la Corte sobre las acciones adoptadas a más tardar el 7 de noviembre de 2025, y presentar reportes periódicos cada tres meses. Los representantes y la CIDH tendrán plazos para observar dichos informes.
CORTE IDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las fallas estructurales en la protección de defensores garífunas, subrayando la necesidad de respuestas coordinadas para prevenir agresiones y combatir la impunidad en un país considerado uno de los más peligrosos para activistas ambientales y territoriales.
Estado debe rendir cuentas
Por otro lado, la Corte desestimó la solicitud de medidas provisionales para Silvinio Córdoba García, otro declarante en el caso, al no acreditarse suficientemente los requisitos exigidos. No obstante, recordó al Estado su obligación de abstenerse de cualquier acto de represalia contra personas que comparecen ante el Tribunal, conforme al artículo 53 de su Reglamento, y reiteró los deberes generales de respeto y garantía de derechos humanos bajo la Convención Americana.
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Este caso, sometido por la CIDH en noviembre de 2023, aborda presuntas violaciones a los derechos de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, incluyendo restricciones al acceso territorial y discriminación.
La Corte IDH, como órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), vela por la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promoviendo la justicia y la protección en la región.
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