Crimen ambiental! Mientras el Estado despliega violencia para desalojar comunidades, la impunidad ampara la destrucción de un área protegida vital para la supervivencia humana.
COROZAL, ATLÁNTIDA 10 de julio de 2026.- Un grave atentado ecológico mantiene en alerta a las Comunidad Garífuna de Corozal y aldea de Piedra Pintada. Fotografías evidencian quema criminal en la montaña alta y una severa afectación al Río Juana Leandra, la microcuenca que abastece de agua potable a más de 10,000 habitantes en la zona.
Los pobladores denuncian que el caudal del Río Juana Leandra ya luce alarmantemente bajo tras los incendios. Por ley, todas las cuencas hidrográficas en Honduras son áreas protegidas, por lo que este hecho constituye un delito ambiental flagrante.
Además, la comunidad advierte que no es la primera vez que se registran quemas provocadas en este sector, un patrón que infunde temor debido al alto conflicto de tierras: sospechan que destruyen la naturaleza para forzar futuros procesos de desalojo territorial.
Es un atentado contra la vida
La indignación aumenta al contrastar la pasividad de las autoridades ante este ecocidio con la celeridad represiva del Estado. Apenas el lunes anterior, un violento contingente de 200 uniformados irrumpió en la comunidad hermana de San Juan para ejecutar un desalojo, lanzando gases lacrimógenos que se infiltraron en hogares de familias indefensas.
«Para reprimir al pueblo garífuna el Estado actúa en horas, pero para defender nuestra agua y las áreas protegidas frente a los criminales, hay un silencio absoluto», reclaman los afectados.
La población llama urgentemente a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y a las autoridades hondureñas. Exigen una investigación inmediata para castigar a los autores de este atentado. Estos hechos son contras unas 10,000 personas, son ataques directos a la vida.
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