Garífunas de Iriona desarrollaron asamblea para debatir los desafíos del presente y futuro relacionados a la tenencia del territorio.
Tegucigalpa, Honduras 6 de junio de 2023.- La ausencia de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) está en el centro de las problemáticas socioambientales que enfrentan los pueblos originarios.
Tal es el caso de las comunidades garífunas en Iriona, Colón, y Juan Francisco Bulnes en Gracias Dios, en el nororiente de Honduras.
En una asamblea a fines de mayo, unos 189 representantes se declararon en reunión ante las problemáticas que enfrentan sus comunidades por las prácticas de la industria extractiva y la falta de congruencia desde el Estado.
Las comunidades señalaron las inconsistencias estatales tras declarar la protección de 12 millas náuticas a lo largo de la costa norte.
A la vez, pende el riesgo de explotación petrolera y minera en estas zonas.
Denunciaron la destrucción de los recursos naturales originados por la empresa minera MAPE y la Asociación de Mineros de Colón (AMC) en sus territorios.
Igualmente, la contaminación de las cuencas y microcuencas que abastecen de agua a las comunidades.
De igual forma, ratificaron el NO absoluto a la minería, así como la explotación y extracción de todo tipo de minería en Iriona y Juan Francisco Bulnes.
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Este gobierno continúa patrón de la «narcodictadura»
La OFRANEH en su cuenta en Twitter, recalcó como “inaudito” que la CPLI, tras ser “municipalizada por la narcodictadura”, sea una receta que se continúa aplicando en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
También, “se avizora el inicio de la explotación en el caribe hondureño”.
En un comunicado declararon que siempre protegieron su territorio y recursos naturales, por lo que no están en contra del resguardo de los mismos, pero estos deben realizarse “bajo la tradición cultural e identidad del pueblo garífuna y la relación ancestral que mantienen las comunidades garífunas con el mar”.
Ejemplifican, este extremo mediante la declaratoria de Iriona como sitio de importancia de la vida silvestre sin que este fuera precedido de un proceso de consulta previa, libre e informada con los habitantes de las comunidades.
De igual manera, sin que estos “conozcan las experiencias de los beneficios y los daños que en otras comunidades provocaron este tipo de declaraciones”.
Esta manifestación refiere a la participación de fundaciones y fuerzas militares que manejan estas áreas protegidas en detrimento de la población ancestral y su forma de vida comunitaria.
Así se denunció en septiembre de 2021 que ocurre en el Cayo Menor, bajo el resguardo de la Fundación Cayos Cochinos.
Ratifican propiedad colectiva sobre sus territorios
Los liderazgos reunidos en Punta Piedra el jueves 25 de mayo por convocatoria de la OFRANEH, apuntaron que ratifican sus derechos a la propiedad colectiva sobre sus territorios.
Indican, estas propiedades “son inalienables (no se pueden fragmentar), inembargables e imprescriptibles (siempre seguirán siendo nuestros)”. Asimismo, señalaron no estar dispuestos a negociar sus territorios.
“El territorio no se vende ni se compra. Denunciamos la ocupación ilegal por terceros del territorio de las comunidades Garífunas de Iriona y Bulnes».
En adición, «demandamos el cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad de Punta Piedra«.
Asimismo, nos solidarizamos con la lucha de las comunidades de Nueva Armenia, Cayos Cochinos, Travesía, Triunfo de la Cruz y San Juan”, expusieron.
De igual manera, declararon emergencia ante la “grave falta de agua para consumo y agricultura en las 13 comunidades garífunas de esta región”.
Finalmente, acordaron instalar un equipo de trabajo comunitario para inspeccionar cada una de las represas y fuentes de agua en las comunidades.
Nota original CRITERIO
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