Ministerio Público lo acusa de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.
La Ceiba, Atlántida 8 de marzo de 2021.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, presentó hoy ante la Corte Primera de Apelaciones solicitud de antejuicio contra el ex alcalde de La Ceiba y actual regidor, Carlos Alejandro Aguilar Ponce.
A Aguilar se le acusa por los delitos de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.
El ex alcalde Aguilar en el 2015, en sesión de Corporación Municipal aprobó un contrato para que la empresa Renewable Energy Developers manejara por 30 años los desechos sólidos de La Ceiba para la conversión de energía.
En tal sentido la empresa estaría a cargo del botadero municipal.
Perjuicio de 500 millones de lempiras
Posteriormente el alcalde, sin autorización de la Corporación hizo un agregado a dicho contrato en donde también se les adjudica de manera directa la recolección de basura.
Lo anterior, sería prácticamente otro contrato, además esta modificación no quedó en las actas porque nunca se discutió ni aprobó.
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Aun así se llevó el contrato para su aprobación en el Congreso Nacional y su posterior publicación en la Gaceta.
Luego, los regidores descubrieron que hubo incongruencias entre el acta aprobada en la Corporación Municipal y otra en dónde el alcalde Aguilar quiso hacer valer un punto inexistente bajo documento público falso.
Así lo anunció la Fiscalía hondureña
Al suspenderse la transacción con la empresa, esta demandó a pesar de ser un contrato fraudulento y en sentencia firme se condenó a la Corporación de La Ceiba a pagar más de 500 millones de lempiras
La sentencia fue por el aparente incumplimiento de la Alcaldía.
La figura de antejuicio es una prerrogativa para alcaldes, vicealcalde, regidores al aplicar un procedimiento especial antes de presentar contras ellos un requerimiento fiscal.
Foto El Heraldo
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