ODECO socializa Acuerdo de Escazú en lengua garífuna con el diputado Tomás Ramírez

ODECO tradujo a la lengua garífuna el Acuerdo de Escazú, un importante instrumento a nivel de Latinoamérica y el Caribe al que Honduras aún no se suscribe.

Tegucigalpa, Honduras 14 de marzo de 2025.- Personeros de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, socializaron, con el diputado y vicepresidentes del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Ramírez, el Acuerdo de Escazú, con su respectiva traducción a la lengua garífuna.

El Acuerdo de Escazú es el principal instrumento en Latinoamérica y el Caribe en materia de justicia ambiental que concede derechos a los pueblos indígenas, sin embargo, pese a su relevancia, Honduras no lo suscribe.

Yimene Calderón de la ODECO, dijo a WA-DANI Portal Web de Noticias, «estamos socializando con el vicepresidente del Congreso la versión garífuna del Acuerdo de Escazú, como un instrumento internacional al cual Honduras no se ha Adherido».

ODECO entrega al diputado Tomás Ramírez el Acuerdo de Escazú en lengua garífuna. FOTOS Yimene Calderón

Subrayó que, el documento «es un marco fundamental para la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en materia de justicia ambiental». Su ratificación por Honduras sería un paso fundamental que ayudaría a los liderazgos que defienden los bienes comunes de la naturaleza.

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Objetivos del convenio

Además del diputado Ramírez, comparecieron a la reunión en un hotel de esta capital, Félix Valentín y Jefry Cacho de la ODECO, al igual que Yolanda Miranda, presidenta de la Comunidad Garífuna de Nueva Go, Esparta. Miranda es quien está al frente de la defensa del sitio Ramsar Laguna de Zambuco en el departamento de Atlántida.

Nuevamente, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca proteger el medio ambiente en América Latina y el Caribe. Fue adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica y entró en vigor en 2021. 

Su fin es, garantizar el derecho a un medio ambiente sano; promover la democracia ambiental; mejorar el acceso a la justicia ambiental; proteger a los defensores ambientales; promover la participación ciudadana de pueblos indígenas y comunidades locales.

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