OFRANEH exige el cierre de las causas penales contra defensores de tierras en San Juan y rechaza que presidente del CSJ quiera limitarlos para reunirse con él.
Tegucigalpa, Honduras 15 de agosto de 2026.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) cumple hoy 38 días de protesta continua para exigir al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, el cierre de los procesos judiciales contra los defensores del territorio ancetral en la comunidad garífuna de San Juan, municipio de Tela, Atlántida.
Las posibilidades de concretar una reunión se frustraron ayer, 14 de agosto. Un día antes, en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagán, anunció la apertura del diálogo por parte del titular del Poder Judicial. Sin embargo, la cita no se concretó debido a desacuerdos en la representatividad: la CSJ pretendía recibir únicamente a tres personas, mientras que la OFRANEH exigía la participación de la comisión completa integrada por representantes de diversas comunidades.
Campamento indefinido
Ante esta situación, la lideresa Miriam Miranda cuestionó la postura del magistrado presidente por limitar la comitiva garífuna. Asimismo, ratificó que la presencia del movimiento en Tegucigalpa se mantendrá de forma indefinida hasta lograr el sobreseimiento de los defensores.
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«Queremos decirle al mundo categóricamente, creo, por lo vientos que soplan que vamos a estar 6 meses aquí en el campamento frente a la Corte Suprema de Justicia, no nos vamos a ir si no hay una solución definitiva a la petición, a la exigencia de cierre definitivo de la causa penal contra nuestros compañeros y compañera, defensores y defensora de la comunidad de San Juan», detalló Miranda en un video.
Por su parte, la CSJ emitió un comunicado institucional en el que argumentó que «la apertura al diálogo no puede sustituir ni anticipar las decisiones que corresponden a jueces y tribunales competentes».
El conflicto se intensificó tras el intento de desalojo del 6 de julio en el sector de Nuevo San Juan. La OFRANEH sostiene que dichas acciones policiales vulneran la sentencia ejecutoria y las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), rechazando las acusaciones de usurpación promovidas por una empresa de San Pedro Sula.
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