Tegucigalpa, Honduras 7 de septiembre de 2018.- El pueblo garífuna está en alerta. Recientemente la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH-Garífuna, marchó en Tegucigalpa y protestó ante el Congreso Nacional en contra del proyecto de Ley de Consulta Libre Previa e Informada, (CLPI) por considerar que, así como la están “cocinando” los organismos del Estado, es equivalente a decretar el exterminio del pueblo garífuna.
La acción de la OFRANEH-Garífuna, sirvió para bajarle intensidad al Congreso en su prisa por aprobar una ley lasciva para Honduras. También para alertar a los organismos internacionales y a los propios hondureños que son millones los que desconocen los alcances de esta ley.
La ley CLPI
Esta ley tiene su nacimiento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue suscrito por Honduras en 1995. Ese Convenio obliga a los Estados a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos y, como es de suponerse, en atención de lo anterior, deberían de crear una ley para normar ese proceso de consulta. En esta etapa está Honduras.
Resulta que simultáneo a ese compromiso, están pendientes en Honduras una serie de proyectos, inversiones económicas, como las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) que Honduras serían dos, una estaría dentro territorio ancestral de los pueblos indígenas y garífuna, esa es la prisa de los funcionarios por aprobar una ley amigable a intereses ligados al gran capital. El problema es que esos intereses representan prácticamente el fin de los pueblos.
Esos mismos intereses que hoy denuncia el pueblo garífuna a través de la OFRANEH-Garífuna, fueron los que llevaron a la muerte a la activista Bertha Cáceres. Ella también se pronunció por una ley de consulta genuina.
Se trata de una norma de las más importantes para Honduras, porque está vinculada a los recursos naturales, es una buena oportunidad para el país: o se pliega a los pueblos indígenas eternos conservacionistas de la naturaleza o da luz verde a la destrucción ambiental, a través de la industria extractivista y sus derivados.
Se avizora entonces una gran disyuntiva. Las autoridades están entre la presión de los grupos económicos y el clamor de los pueblos indígenas que luchan por su sobrevivencia. ¿Quién ganará ese pulso?
OFRANEH-Garífuna, encuentra el problema
El actual proyecto de ley no tiene los estándares internacionales, es ilegítima y está llena de vicios, fue seriamente cuestionada, no solo por la OFRANEH-Garífuna, sino también por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para pueblos indígenas, la filipina Victoria Tauli Corpuz.
La señora Corpuz es una figura central en este proceso, porque de su bendición depende que la ONU de su visto bueno para la ley.
OFRANEH-Garífuna sobre la ley
Hasta ahora esa aprobación no ha llegado y no acontecerá mientras Honduras no adopte las recomendaciones de Corpuz. Del informe que ella elaboró se intuye que prácticamente hay que hacer nuevamente el proceso de construir la ley CLPI y con participación genuina de los pueblos.
Pero pueda ser también que Honduras desoiga los apuntes de Corpuz y apruebe la ley al gusto de los grupos económicos. De ser así, los garífunas y los pueblos indígenas estarían siendo conducidos al exterminio, porque vendría una ola de desplazamientos. Lo poco que tienen estos pueblos es la tierra, ya sin ella, qué podría ocurrir.
Lo que pide la OFRANEH-Garífuna
En primer término, la OFRANEH-Garífuna, no quiere saber de ninguna ley hecha por el gobierno. Y para más inri, en la ley CLPI que están “cocinando” prácticamente no es consulta ya que ahí se plasma de que ellos mismos designan con quien se consulta. Y tendrían la última palabra sobre la marcha de cualquier proyecto.
La OFRANEH-Garífuna exige al Gobierno desistir de esta maniobra y de cualquier proyecto que afecte a los pueblos indígenas. Llama a un auténtico y verdadero proceso de consulta que tenga los adjetivos de Libre, previa e informada.
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