Tegucigalpa, 29 de julio de 2026 – Diversas organizaciones territoriales, indígenas, negras, campesinas y de la sociedad civil, incluyendo a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), presentaron hoy una denuncia ciudadana ante el Congreso Nacional para solicitar el inicio de un juicio político contra altos funcionarios del legislativo.
En el documento se acusa a los parlamentarios de promover leyes que vulneran la soberanía territorial y los derechos constitucionales.
El comunicado, se respalda con más de 14,000 firmas y señala directamente al presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, y al diputado proyectista Erick José Alvarado Alvarado, junto con los miembros de la Comisión de Dictamen que aprobaron el Decreto No. 107-2026. Este decreto, denominado «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras», es criticado por facilitar la entrega de territorios y bienes comunes a grupos de poder económico nacional y transnacional.

Derogación de Ley Agroindustrial
Denuncian las organizaciones que, estas acciones violan la Constitución de la República y el interés nacional. Específicamente, señalan a Marcos Paz por su participación en la inclusión de proyectos de energía en el decreto, y a Leonel López por incorporar el sector turismo, ampliando el alcance de la ley en detrimento de los intereses nacionales.
La solicitud de juicio político se fundamenta en las leyes especiales de Juicio Político y Mecanismos de Participación Ciudadana, las cuales facultan al pueblo a exigir responsabilidad a altos funcionarios.
Además de la solicitud de juicio político, las organizaciones reiteraron su exigencia de derogación de los Decretos Nos. 93-2021, 84-2026 y 107-2026, y el cese de la criminalización de defensores de derechos humanos y territoriales. Finalmente, exigieron el cierre de procesos penales contra miembros de comunidades garífunas y el respeto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmando que esta lucha es autónoma y ajena a cualquier partido político.

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