TEGUCIGALPA. HONDURAS 8 de septiembre de 2026.- En asamblea extraordinaria realizada con la participación de más de 35 comunidades y organizaciones aliadas, el Pueblo Garífuna declaró que no presentará a cinco miembros de la comunidad de San Juan a la audiencia convocada por el Poder Judicial para este 11 de septiembre.
La decisión se fundamenta en la falta de garantías procesales y en la denuncia de un montaje jurídico supuestamente orientado a proteger intereses privados de la empresa PROMOTUR y la familia Rosenthal Hidalgo en territorios ancestrales.
WA-DANI: OFRANEH denuncia criminalización de la comunidad Garífuna de San Juan
Los dirigentes comunitarios señalaron que la persecución penal contraviene los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Convenio 169 de la OIT.
En indefensión
A pesar de haber interpuesto más de 52 recursos legales, acciones de inconstitucionalidad, peticiones de habeas corpus y amparos preventivos, la dirigencia asegura que el sistema judicial no ha resuelto las solicitudes en tiempo y forma, dejando en indefensión a las autoridades territoriales de San Juan.
Asimismo, la declaración cuestiona la imparcialidad de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, señalando presuntos nexos políticos y de afinidad entre figuras del Poder Judicial e inversionistas privados.
Según la posición asamblearia, la criminalización contra los líderes de San Juan responde a un patrón de racismo institucional que desconoce la titularidad comunitaria reconocida por la jurisprudencia internacional sobre tierras Garífunas.
Ante este escenario, la representación Garífuna anunció que este jueves 10 de septiembre formalizará una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
El recurso legal argumentará un patrón sistemático de persecución, desplazamiento forzado, violencia territorial y despojo de bienes comunales perpetrado contra los pobladores de la bahía de Tela.
Finalmente, las organizaciones firmantes convocaron a una movilización permanente en la zona atlántica para exigir la aplicación inmediata de las sentencias internacionales y el cese de las acciones judiciales contra los defensores de la tierra.
La postura enfatiza que las resoluciones del tribunal interamericano no se negocian ni se dilatan, sino que deben ejecutarse íntegramente por parte del Estado de Honduras.
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