Supervivientes amenaza la supervivencia de los garífunas

Supervivientes!! Una empresa y una fundación restringen la pesca artesanal a la población local amparándose en razones ecológicas, pero alquilan varias islas de Honduras para grabar realities

Tomado de Alfa y Omega

1,4 millones de espectadores siguieron el pasado domingo, en Telecinco, la expulsión de Raquel Mosquera del programa Supervivientes. Uno de cada seis telespectadores eligió entretenerse con las aventuras, desventuras y amoríos —petición de mano del tiktoker Ginés Corregüela incluida— de estos Robinsones en medio de paisajes paradisíacos.

Lo que seguramente no supieran es que lo que realmente está en juego es la supervivencia de la comunidad de Cayos Cochinos, el pequeño archipiélago hondureño donde se graba el reality. Todo empieza, cada año, con un «¡ya llegaron los españoles!». El centenar de familias garífunas —fruto del mestizaje de africanos, arahuacos y aborígenes del Caribe— que viven en la isla de Chachahuate reciben la noticia de conocidos que trabajan en Palma Real, el lujoso hotel en tierra firme donde se aloja el equipo de producción.

Durante los tres meses siguientes, tienen prohibido acercarse a pescar a las islas donde se rueda «porque pueden interrumpir la grabación» y acabar con la imagen de islas vírgenes, explica Mabel Robledo, coordinadora del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, la aldea a la que pertenece Cayos Cochinos. También se restringen las sencillas visitas turísticas que algunos organizan. Oficialmente, las islas afectadas pertenecen desde 1994 a la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), que las alquila para grabar Supervivientes y la edición italiana de La isla de los famosos.

Nada para los habitantes

«No sabemos cuánto pagan» las televisiones «porque nunca se han reunido con las comunidades», denuncia Robledo. Bulldog TV, la productora de Supervivientes, tampoco ha respondido a las preguntas de este semanario. Los garífunas solo saben que «el día que no pueden pescar no se les paga» compensación y que el reality «no deja ningún beneficio» para ellos. «Tampoco se estudia el impacto» ecológico de su infraestructura, sus pruebas ni sus residuos.

Esto indigna especialmente a la comunidad: supuestamente, la preocupación ambiental es la razón de que su modo de vida se vea cada vez más restringido por la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, que comparte presidente con SEIC y gestiona todo el archipiélago. La nueva prohibición de pescar con cordel y las restricciones en el uso de cebo «dicen que es para proteger los corales, la boa rosada y otras especies, pero cuando llegan los realities les dan toda la libertad», critica Emelina Arzú, delegada de la Palabra en Nueva Armenia. «Hacen fogatas, destruyen y, animal que encuentran, se lo comen», añade Juana Arzú, colaboradora de Cáritas.

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Ante la perspectiva de estar la mitad del año —entre el rodaje español y el italiano— sin ingresos, algunos hombres «se arriesgan» a intentar pescar, según Robledo. Ahí entran en juego las Fuerzas Navales, que «los empiezan a intimidar, los echan del área, hacen bulla con la lancha o les quitan los cayucos». En época de rodaje «van como zopilotes [buitres] detrás de los equipos, custodiándolos», añade Juana.

Protesta garífuna

En marzo de 2019, los garífuna irrumpieron en el rodaje del programa italiano para protestar con música y bailes. Los concursantes pensaron que estaba preparado y se sumaron de buena gana. Después, las autoridades «nos llamaron a una reunión para amenazarnos. Un compañero tuvo que irse del país», cuenta Robledo. Nada cambió. Tampoco cuando el año pasado la publicación salvadoreña El Faro y la española El Confidencial denunciaron la situación.

El problema viene de atrás

Aunque los realities lo han agravado, el problema de los garífunas viene de atrás y está vinculado a la apropiación ilegal de sus terrenos. A pesar de que la Ley de Propiedad hondureña lo prohíbe, las autoridades «extienden escrituras sobre nuestras tierras ancestrales a terceros». Acto seguido «comienzan a amenazarnos e intimidarnos» para que queden libres, explica Robledo. En el caso de los garífunas de Nueva Armenia, «de las 1.600 hectáreas que tiene nuestro mapa ancestral, el Instituto Nacional Agrario solo tituló a nuestro nombre 300». El resto se entregó a empresas. En tierra firme, para cultivar bananos y luego palma. En Cayos Cochinos, a la SIEC y la fundación asociada, para el (eco)turismo. «Cuando los extranjeros visitan la zona les cobran doce euros y les dicen que se utiliza para educación» ambiental y «para el desarrollo de las comunidades locales, pero nunca hemos visto ese dinero», explica la líder de este grupo étnico. «La fundación no ha llevado nunca a nadie al hospital si lo ha necesitado; lo hacemos nosotros con Cáritas. Ni tienen muchachos becados», subraya Juana Arzú.

Ignoran a la comunidad

Además, los planes de gestión que elaboran sin consultar a la comunidad —acaba de terminarse uno nuevo hasta 2034— son cada vez más restrictivos con la pesca artesanal. La fundación se ampara para ello en el apoyo de algunos dirigentes locales, pero «son líderes a los que compran con dinero». No les representan, añade Arzú. En su familia conocen bien los extremos a los que pueden llegar «los navales», siguiendo órdenes de quienes se consideran dueños de Cayos Cochinos. Un primo lejano, Domitilo Calix Arzú, es uno de los cinco pescadores desaparecidos en circunstancias sospechosas en las últimas décadas. «A otros les han causado daños físicos, los han dejado tirados en alta mar o les han decomisado los cayucos» y la pesca, enumera Robledo. «Buscan crear un desplazamiento forzoso» para vaciar las islas de habitantes y crear hoteles.

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