Esta semana en la ONU, Canadá denunció a Irán por supuesta violación a los derechos humanos, pero calla ante las injusticias contra los garífunas por parte de compatriotas suyos.
Por: Marlín Óscar Ávila*
Tegucigalpa, Honduras 24 de novembre de 2017.- Hace ya varios años la etnia Garífuna hondureña viene denunciando que en la Bahía de Trujillo escogida como ciudad modelo (ZEDE) por el gobierno, han vivido un episodio macabro, ante despojos y persecución desatada por empresarios canadienses en contra de varias lideresas.
Por esto su organización OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) presentó recientemente una petición ante @CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Como es harto conocido, la comunidad Garífuna ha tenido que luchar por sobrevivir en la zona del Atlántico de Honduras durante más de dos siglos.
No solamente han sido los militares de Estados Unidos de América y locales que en los setentas les invadieron sus tierras, también los terratenientes con apoyo gubernamental se posesionaron de sus territorios comunales. Familias garífunas se han ido desplazando de un lugar a otro de la misma zona, evitando enfrentamientos con los invasores ladinos, criollos y extranjeros, perdiendo sus patrimonios, fuentes de pesca y cultivos agrícolas.
Desde hace algunos años, un canadiense de apellido Jorgensen llegó a Honduras para establecer sus negocios turísticos en la zona de Trujillo no sin violentar las normas establecidas, en complicidad con algunas autoridades locales. Este señor, conocido en Canadá como el Rey del Porno, ha encontrado su mejor negocio con el gobierno actual, dado su programa ZEDE, así aprovecha las riquezas naturales y culturales de la zona para montar un proyecto multimillonario.
Esto es algo que las comunidades garífunas consideran una constante violación a sus derechos civiles, naturales y humanos. Pero su lucha, como otras anteriores van contra corriente, puesto que el poder político y económico de los involucrados en la ZEDE son muchos más fuertes que sus humildes recursos y derechos históricos.
No obstante sus denuncias locales e internacionales contra la invasión canadiense, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en esta semana dio mejor paso a la denuncia del gobierno de Canadá contra Irán, por supuesta violación a los derechos humanos.
¿Qué ha hecho ese gobierno de Justin Trudeau para evitar que sus empresarios violen constantemente los derechos de las comunidades garífunas en la costa Atlántica de Honduras? ¿Qué ha hecho el gobierno canadiense sobre los graves daños que sus empresas transnacionales mineras han causados a comunidades enteras a lo largo de Latinoamérica sin que reparen sus delitos contra esos pueblos humildes?
Parte de un reciente informe dice:
«Un estudio publicado por la Universidad de York de Canadá compila información sobre incidentes de violencia y criminalización vinculados con las industrias mineras de dicho país en América Latina del año 2000 al 2015. Documenta 44 asesinatos, 403 personas heridas y 709 casos de criminalización (órdenes de arresto, detenciones, etc.) en 14 países. Aclara que solamente incluye los que se pudieron corroborar mediante más de una fuente y que además existen amenazas de muerte, destrucción de propiedades y desplazamientos forzados, entre otras formas de violencia generadas por dichas industrias. Afirma que el gobierno canadiense no está afrontando esta situación.»
*Economista y analista de la realidad nacional
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