Trujillo: Acción del INA, la Policía y Ministerio Público, continúa irrespeto al territorio ancestral garífuna

Trujillo. Acción de estos diferentes cuerpos del Estado causó alarma en la comunidad garífuna puesto se sigue irrespetando el territorio ancestral

Tegucigalpa, Honduras 15 de junio de 2023.- Una acción de parte de algunas instituciones del Estado de Honduras en el territorio ancestral garífuna de Trujillo denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.

Concretamente, la máxima organización garífuna denunció que representantes del Instituto Nacional Agrario, INA, efectivos de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegaron a hacer inspecciones al territorio garífuna.

Y es que, si bien esta podría ser una misión rutinaria, lo cierto es que el pueblo garífuna desde hace tres década experimenta una resistencia en su territorio ante el despojo sistemático.

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Precisamente, es un proceso de despojo en el que las intituciones del Estado han sido participes durante mucho tiempo.

Vale decir, lo hacen en contubernio con las élites del poder que manejan a su antojo a los círculos oficiales.

Para esto quieren la Comisión

Miriam Miranda fue la que se pronunció con un tuit y alertó sobre lo que ocurría, el miércoles anterior 14 de junio en hora de la mañana.

Escribió, “representantes del INA junto con Policías y MP, realizan inspecciones en 8 sitios del territorio Garífuna de Trujillo”.

También, el operativo fue “supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros, para desalojar a los Garífunas que habitan esos sitios”.

Agregó, “para eso quieren esa Comisión Agraria”, en referencia a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que conformó la semana anterior la presidenta Xiomara Castro para abordar el tema de la tierra.

Como se sabe, para la comunidad garífuna de Honduras, el gran conflicto es la tenencia de la tierra.

Vale decir, Sectores de poder en contubernio con autoridades del Estado intentan despojarlos de sus territorios para destinarlas al turismo.

Es una lucha dura que inició en los años 90 y aún continúa, quizá más fuerte ahora, al tenor de algunas iniciativas del Estado como la Ley ZEDE.

Finalmente, una de los matices de esta lucha es que el Estado criminaliza a los defensores de tierras, mantiene sobre ellos una persecusión feroz.

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